BUENOS AIRES.- En una sesión cargada de reproches cruzados y negociaciones de último minuto, la Cámara de Diputados aprobó este jueves con 135 votos afirmativos y 115 negativos el proyecto de reforma laboral. El texto, que sufrió la eliminación del polémico artículo 44 sobre licencias médicas, deberá regresar ahora al Senado para su sanción definitiva, con la que el Ejecutivo espera llegar al 1 de marzo con una victoria legislativa bajo el brazo.
La jornada estuvo marcada por la presencia de la mesa política del Gobierno en los palcos. Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli presenciaron la votación y fueron ovacionados por el bloque oficialista. Sin embargo, el centro del debate no estuvo solo en el contenido de la ley, sino en el rol de los gobernadores peronistas y aliados que garantizaron el quórum y los votos necesarios para desguazar derechos históricos.
Máximo Kirchner y la denuncia de un «nuevo fracaso»
Desde la oposición, el bloque de Unión por la Patria mantuvo un rechazo compacto. El diputado Máximo Kirchner fue uno de los oradores más punzantes, calificando a la reforma como un «capricho del FMI» y un ataque directo a la clase trabajadora. “Es votar un nuevo fracaso. Esta ley daña a los argentinos”, sentenció Kirchner, quien además apuntó contra la hipocresía de ciertos sectores que se manifiestan en contra del proyecto en los discursos pero facilitan su avance en los hechos.
En esa misma línea, el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, denunció que la normativa es profundamente «anti obrera» y advirtió que el peronismo buscará derogarla en el futuro por considerar que pone toda la carga negativa sobre el eslabón más débil de la cadena productiva.
Los gobernadores y el «doble juego» de los representantes
La mira de la dirigencia opositora se posó sobre los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes instruyeron a sus diputados para dar el quórum que permitió iniciar la sesión. Máximo Kirchner aludió directamente a esta situación, cuestionando la voluntad de legisladores que, pese a criticar la ley en el recinto, cumplieron con la orden de sus mandatarios provinciales de «sentarse en la banca».
Un caso paradigmático que generó fuerte malestar en las filas del kirchnerismo fue el de Alberto Arrúa, diputado por Misiones. Arrúa, quien fue sancionado en el Partido Justicialista por Cristina Fernández de Kirchner debido a su connivencia con el gobierno de Milei, mantiene un perfil controvertido al desempeñarse actualmente como representante de Axel Kicillof en el Movimiento Derecho al Futuro en su provincia. Su voto y su presencia para habilitar el tratamiento de la ley fueron leídos como una traición abierta al mandato popular y a los principios de la justicia social que dice representar.
El factor Sturzenegger y los cambios de último momento
El oficialismo debió ceder en la eliminación del artículo 44 para asegurar la mayoría. Dicho punto, defendido inicialmente por Federico Sturzenegger, pretendía reducir drásticamente las licencias pagas por accidentes fuera del horario laboral, distinguiendo entre actividades «voluntarias» (como jugar al fútbol) e involuntarias. El rechazo social y la presión de bloques aliados obligaron a Gabriel Bornoroni a retirar el artículo por completo.
Con este panorama, la reforma vuelve a la Cámara Alta. Mientras el Gobierno celebra lo que considera una «modernización necesaria», desde el sindicalismo y el peronismo duro advierten que la pelea se trasladará ahora a las calles y a la Justicia.
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