QUILMES / BERAZATEGUI.- En un operativo de enorme magnitud destinado a desarticular redes de distribución de material de violencia sexual infantil, la Justicia bonaerense llevó adelante la denominada «Operación Escudo Infantil». La investigación, liderada por la UFIJ N° 8 de Berazategui a cargo del Dr. Ernesto Daniel Ichazo, derivó en 31 allanamientos simultáneos en diversos puntos de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
El puntapié inicial de la causa fue una alerta internacional del NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), canalizada a través de Google Inc., que detectó archivos ilícitos alojados en la plataforma Google Drive. El rastreo de las direcciones IP fue fundamental para que los investigadores hicieran pie en la zona sur: el primer domicilio identificado se encontraba en la localidad de Quilmes.
Desde la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes confirmaron que los operativos en el distrito se realizaron de manera coordinada entre el Gabinete de Ciberpedofilia y la Policía de Quilmes. El procedimiento local resultó en la aprehensión de un individuo por los delitos de captación de menores y tenencia de material de abuso infantil.
Al respecto, las autoridades municipales recordaron la importancia del compromiso civil y pusieron a disposición la Línea de Denuncias Quilmes (0800-999-3760) para realizar reportes de manera totalmente anónima ante cualquier situación sospechosa vinculada a estos delitos.
En el allanamiento realizado en el distrito, la policía secuestró el teléfono celular de un joven de 19 años. La pericia informática sobre el dispositivo reveló un escenario escalofriante: se hallaron 122 archivos multimedia con contenido prohibido. Además, se descubrió que el imputado formaba parte de un grupo de WhatsApp con más de 700 integrantes, donde se solicitaba y viralizaba activamente material de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.
A partir de la información obtenida en Quilmes, la fiscalía especializada en Ciberdelitos e Investigaciones de Delitos Complejos ordenó los procedimientos que se concretaron durante la madrugada del 27 de enero. La simultaneidad fue clave para evitar la eliminación de pruebas digitales en puntos tan distantes como Mar del Tuyú, Bahía Blanca, San Isidro, Flores y San Nicolás, entre otros.
En cada uno de los domicilios, los sospechosos fueron notificados de la formación de la causa bajo el artículo 128 del Código Penal. Actualmente, todos los dispositivos electrónicos secuestrados están siendo sometidos a peritajes técnicos para determinar el alcance total de la red.
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