Javier Milei inauguró el 144° período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional con un discurso marcado por un tono extremadamente agresivo y confrontativo hacia la oposición. Envalentonado, el mandatario arremetió directamente contra los legisladores kirchneristas, a quienes calificó como «golpistas» y «kukas», celebrando su capacidad para «domarlos» en el recinto. Lejos de buscar consensos, el Presidente reafirmó su estrategia de polarización constante como herramienta política principal.
En su alocución, el jefe de Estado se vanaglorió de los avances en política exterior, destacando el acuerdo comercial con Estados Unidos tras 21 años y la reciente firma con la Unión Europea. Milei defendió fervientemente su hoja de ruta económica, centrada en el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva, asegurando que estas son las condiciones necesarias para erradicar la inflación y reducir el riesgo país, ratificando que el ajuste sigue siendo la prioridad absoluta de su administración.
Un eje central de su intervención fue el ataque frontal a los empresarios industriales, a quienes acusó de beneficiarse históricamente a costa de los argentinos. Milei cuestionó directamente a referentes como Paolo Rocca y a empresas como Fate, acusándolos de extorsión y corrupción por sus reclamos ante el impacto de las políticas económicas. Según el Presidente, estas críticas son parte de la defensa de privilegios de un «antiguo régimen» que el gobierno busca desmantelar en favor del mercado.
La respuesta opositora no tardó en llegar. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue una de las voces que más duramente cuestionó el discurso presidencial, centrándose en el impacto real de la gestión sobre las familias argentinas. La jefa comunal denunció una realidad paralela a la del Presidente, alertando sobre el crecimiento de la pobreza en la clase media y la caída del poder adquisitivo de los salarios, que calificó como un «empobrecimiento planificado».
Mendoza también puso el foco en las prioridades presupuestarias del Gobierno, señalando que la mayor ejecución de fondos se destina a la SIDE, duplicando el promedio del resto del Estado, mientras la policía reprime la protesta social. Además, la intendenta ilustró el deterioro del poder adquisitivo comparando el salario mínimo de 2015, equivalente a 742 dólares, contra los actuales 225 dólares, cuestionando así la afirmación presidencial de haber «triplicado» los ingresos de los trabajadores.
El discurso dejó expuesto un escenario político donde la grieta parece profundizarse. Mientras el Ejecutivo insiste en una narrativa de batalla cultural y económica contra los sectores que denomina «corruptos» y «golpistas», las críticas opositoras se enfocan en la desatención de la emergencia social. La apertura de sesiones marcó el inicio de un año legislativo que, lejos de la moderación, promete ser un terreno de enfrentamiento constante entre el modelo oficialista y los reclamos por la caída del consumo y los salarios.
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