La situación judicial de Manuel Adorni se vuelve cada vez más comprometida a medida que avanzan las medidas de prueba solicitadas por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Las inconsistencias en su relato público sobre el viaje familiar a Punta del Este durante el último carnaval comenzaron a resquebrajarse tras la entrega de facturas por parte de la empresa de vuelos privados. Según la documentación incorporada a la causa, el traslado total demandó un desembolso superior a los 8.000 dólares, cifra que duplica lo manifestado inicialmente por el funcionario nacional.
El dato más alarmante para la Casa Rosada es el origen del financiamiento de dicho vuelo. La Justicia determinó que el tramo de ida fue abonado por una productora de contenidos vinculada al conductor televisivo Marcelo Grandio. Al tratarse de una firma que posee contratos vigentes con el Estado nacional, los investigadores advierten que la operación podría encuadrar en el delito de dádivas. Por su parte, el pago del tramo de regreso permanece bajo un manto de sospecha, ya que se habría realizado a través de una cuenta de terceros cuya identidad todavía no fue revelada en el expediente.
En paralelo a la causa por los vuelos de lujo, Adorni enfrenta una ampliación de la denuncia por enriquecimiento ilícito debido a la omisión de bienes en su declaración jurada. Se detectó que su esposa, Bettina Angeletti, registró una propiedad de dos plantas en el exclusivo Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz a fines de 2024. Pese a que la Ley de Ética Pública exige detallar el patrimonio del cónyuge, el inmueble no figura en los registros presentados ante la Oficina Anticorrupción, lo que suma una nueva presión sobre un funcionario cuyo nivel de gasto no guardaría relación con su salario de 3,5 millones de pesos.
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