Un departamento de casi 200 metros cuadrados en uno de los barrios más cotizados de Buenos Aires. Precio de mercado: hasta USD 450.000. Precio que pagó el Jefe de Gabinete Manuel Adorni: USD 230.000. Y la mayor parte de ese monto no salió de un banco ni de ahorros declarados, sino de una hipoteca privada otorgada por las propias vendedoras, dos mujeres que aseguran no conocer al funcionario. La Justicia federal ya tomó el caso.
La propiedad está en Miró al 500, Caballito, con 200 metros cuadrados totales y cochera. El mismo inmueble apareció publicado en portales inmobiliarios durante 2024 —con Adorni ya en funciones— a USD 340.000. Tasaciones actuales del sector lo ubican entre USD 375.000 y USD 450.000. La escritura del 18 de noviembre de 2025, sin embargo, refleja USD 230.000: USD 1.155 por metro cuadrado en una zona donde el promedio es de USD 2.000. La brecha supera los USD 100.000 y no encuentra explicación en ninguna lógica de mercado.
El financiamiento tampoco es convencional: el 87% del valor declarado fue cubierto por las dos vendedoras —una jubilada de 72 años y una empleada de 64— quienes al ser consultadas por distintos medios dijeron desconocer la operación y al funcionario. Antes de pasar a manos de Adorni, el departamento había pertenecido al exfutbolista Hugo Morales y transitó brevemente por la titularidad de esas dos mujeres. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo doce medidas de prueba, incluyendo el levantamiento del secreto fiscal y bancario, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito iniciada tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano, que apunta a un crecimiento patrimonial del 500% en un solo período fiscal.
La pregunta que se instala naturalmente es simple: ¿cómo accede un funcionario público a este tipo de financiamiento privado, a este precio, en esta zona? En un contexto donde el acceso al crédito hipotecario sigue siendo un obstáculo real para miles de familias en todo el país —incluidas las del distrito de Quilmes—, los detalles de esta operación generan una incomodidad que va más allá de la grieta. No es un tema de color político: es una pregunta sobre transparencia y coherencia entre el discurso público y los actos privados de quien lo ejerce.
La investigación judicial sigue su curso. Adorni sostuvo que sus bienes fueron construidos durante 25 años en el sector privado y que dará explicaciones solo ante la Justicia. Los vecinos de Quilmes y de todo el país pueden seguir el desarrollo del caso en www.capitaninformativo.com.ar y sacar sus propias conclusiones. ¿Creés que un funcionario público debería dar explicaciones antes de que lo cite un juez?
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